450 millones recaudados en fotoinfracciones en Jalisco
En conferencia de prensa, el Diputado Augusto Valencia López hizo un llamado a la Fiscalía General, a la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado, para que den respuesta a las denuncias que se presentaron en los meses de junio y julio pasados, en las que se solicitó investigar el programa de foto infracciones, ya que “existen indicios muy claros de conductas ilegales que han perjudicado a los ciudadanos”.
Acompañado de la Diputada María Antonieta Vizcaíno Huerta, agregó que el Gobernador Aristóteles Sandoval anunció en julio del 2017 la cancelación del contrato con la empresa Autotraffic en un plazo de cuatro meses, que venció en noviembre pasado, para la reestructuración del programa, que pasaría al Instituto de Movilidad y Secretaría de Movilidad y Transporte.
A la fecha no se ha cumplido tampoco el compromiso de crear un fideicomiso para movilidad con el dinero recaudado por las foto multas; asegurar que los radares estén calibrados, con el aval de organizaciones civiles y sectores empresariales; que las multas puedan ser permutadas por trabajo comunitario y sean progresivas dependiendo de la velocidad de los vehículos. En la página del gobierno estatal no aparece tal fideicomiso.
Explicó que Autotraffic, que sigue operando las foto multas, recibió en 2017 más de 102 millones de pesos por concepto de compra de equipamiento y por la operación del programa, y que el Sr. Jaime Ferrer, representante de la empresa, declaró que el contrato podría cancelarse con 30 millones de pesos, y que todavía existe un adeudo de 90 millones de pesos, que también debería quedar cubierto por los servicios prestados.
El Diputado Valencia López refirió que el Secretario de Finanzas informó recientemente que habían obtenido una recaudación de 450 millones de pesos aproximadamente por multas efectivamente pagadas, y por ello todavía existe un adeudo con Autotraffic.
En consecuencia, manifestó que a la fecha las instancias en las que se presentaron las denuncias no han emitido ningún documento en donde informen el resultado de las investigaciones solicitadas, y señalen si existen irregularidades y quiénes son los funcionarios públicos responsables, ya que persiste la falta de claridad en la operación de dicho programa.