José de Jesús Vázquez Hernández
Ayer lo pensaba y hoy lo comento, que mientras los ciudadanos se encierran y se protegen con rejas en sus casas, la delincuencia, la corrupción y la impunidad deambulan por las calles con mucha seguridad a cambio de la inseguridad de la población que la percibe paseándose por las calles de su colonia, de su población, de la ciudad y de su país donde habita, cuando debía ser al contrario, la delincuencia tras las rejas y la población segura en sus casas y en sus calles.
En ese contexto, las autoridades de nuestro Estado y de Guadalajara, encargadas de proporcionar la seguridad discuten cuál sería la mejor forma de llevar a cabo la misión de otorgar seguridad y administrar justicia, en virtud de que los resultados obtenidos con la forma tradicional de prestar el servicio, ha dejado mucho que desear y por lo tanto consideran que es necesario modificar, enmendar y cambiar si se quieren obtener otros resultados.
El artículo 21 de la Constitución establece que: La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.
Así mismo añade que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Queda claro cuál sería la mejor forma de prestar este servicio y está debidamente especificado que debe ser con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Un objetivo lejano.
Hay mucho que hacer al respecto, pues como dijo el cardenal José Francisco Robles Ortega, en la homilía de la “llevada de la Virgen de Zapopan” a su morada, donde recalcó que estamos viendo una “familia en crisis, jóvenes en crisis y un tejido social roto”, síntomas de una desesperanza que debemos reconstruir, antes de que sus efectos originen mayores consecuencias.
En los diferentes espacios del territorio mexicano se percibe, como lo muestran las estadísticas, una constante amenaza a causa de un mayor número de delitos, no solamente en delitos de alto impacto como homicidios, extorsión, secuestro, robo de vehículos, sino también en toda clase de infracciones en menor escala, como es el robo de celulares, computadores, bolsas, carteras, robos en domicilios particulares etcétera.
En esta labor, es de vital importancia la coordinación que debe existir entre las diferentes autoridades públicas que tienen a su cargo la responsabilidad de otorgar seguridad y administrar justicia, como es el poder ejecutivo, legislativo y judicial, siendo este último poder con su presidente a la cabeza, uno de los poderes más susceptibles y sospechosos de sufrir corrupción, porque es al que los delincuentes les conviene corromper con el fin de librarse de la cárcel.
Octubre 15/2016
