José de Jesús Vázquez Hernández
De acuerdo con los investigadores y autores del libro “Beneficios ex presidenciales” Ernesto Villanueva coordinador del área de Derecho de Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM y la investigadora Hilda Nucci, las pensiones a ex presidentes no tienen sustento legal, son solo propuestas simbólicas, ilógicas, ocurrentes, nacidas dentro de la grilla política.
En la actualidad los expresidentes Luis Echeverría, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y la viuda de José López Portillo Sasha Montenegro, señalan estos investigadores, “reciben mensualmente una pensión vitalicia de 205 mil pesos, lo que hace un total de 1.2 mdp con cargo al erario público.
Pero el problema no es solo eso, sino que esta cifra aumenta considerablemente por el pago de bonos, aguinaldos, compensaciones, salarios de escoltas y personal de ayudantía, pago de servicio telefónico, automovilísticos tanto para los expresidentes como para sus esposas, hijos, escoltas con sus respectivas cuentas de tenencia, o sea los gastos que éstos ocasionan.
En la actualidad el candidato presidencial Manuel López Obrador se ha referido a las pensiones de los expresidentes, pero de acuerdo con los investigadores se ha abordado este tema en los últimos once años por los diputados y senadores, quienes han presentado varias iniciativas con la intención de reducir el elevado costo a cargo del erario público.
Según dicen, el PRD, el PRI Y el PT, son los partidos que las han presentado y empujado, no obstante estas han sido enviadas a comisiones para su discusión y análisis, donde siguen esperando ser desempolvadas para que continúen su trámite, igual en este apartado cabe incluir las altas y arbitrarias pensiones de importantes funcionarios públicos, dinero que podría ser utilizado en otras necesidades.
Ante las incongruencias y gastos injustificados, señala Villanueva, “…los políticos deberían ser los primeros interesados en entrarle a este tema con seriedad, hay que elaborar un proyecto institucional serio, generar adhesiones, debate legislativo. No podemos vivir en el cinismo en que nos encontramos hoy”, pues se requiere que sean justas y congruentes.
Los autores en el capítulo respectivo señalan como principal conclusión que: “encontramos una escasa racionalidad en el tejido argumentativo para definir criterios, montos, apoyos, seguridad y asistencia médica. La regla que priva no es la discrecionalidad, sino la arbitrariedad en la asignación de ingresos a los ex mandatarios” toda vez que a falta de leyes que pudieran aplicarse se resuelve mediante decisiones políticas.
Según declaración de Ernesto Villanueva a Animal Político, “tales acuerdos carecen de validez desde su origen, porque no fueron presidenciales, pero nadie dijo nada, todos se quedaron callados”. Ante la falta de sustento legal, bien cae hacer una revisión exhaustiva y reglamentar debida y justamente estos elevados y arbitrarios gastos que afectan a la numerosa sociedad de pobres que viven en este país. (foto de internet)
ABRIL 28/2018
